^{José Antonio Babiano}

^{Presidente del consejo sectorial apícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España}

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de febrero un real decreto que modifica la norma de calidad relativa a la miel, aprobada por Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto. Esta nueva normativa transpone al ordenamiento jurídico español algunos aspectos clave de la Directiva 2024/1438 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, que introduce cambios en la Directiva 2001/110/CE sobre la miel.

Uno de los avances más significativos de esta modificación, que entrará en vigor el 14 de junio de 2026, es la mejora en la transparencia del etiquetado, una demanda recurrente del sector. Así, a partir de su aplicación, cuando una miel sea una mezcla de diferentes orígenes, la etiqueta deberá indicar claramente los países de origen en los que la miel haya sido recolectada, en orden decreciente de proporción al peso, junto con el porcentaje correspondiente de cada uno. Esta información deberá figurar en el campo visual principal del envase. Además, se establece una tolerancia del 5 % en la mezcla, basada en la documentación de trazabilidad del operador. En el caso de envases de menos de 30 gramos netos de miel, los nombres de los países podrán ser sustituidos por su código de dos letras según la norma ISO.

Otro aspecto fundamental que recoge esta modificación, y que Cooperativas Agro-alimentarias de España defendió durante el debate de la Directiva, es la categorización de la miel a la que se le ha eliminado materia orgánica o inorgánica en una proporción que suponga una reducción significativa de polen. En estos casos, dicho producto será considerado “miel para uso industrial”. Esta medida responde a una necesidad de diferenciar claramente la miel destinada al consumo directo de aquella que ha sido sometida a procesos que alteran sus características naturales.

Sin duda, estas novedades representan un avance significativo para el sector apícola español. Sin embargo, no son suficientes por sí solas para garantizar una competencia justa y evitar el fraude en el mercado. No podemos olvidar que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Centro de Investigación Conjunta de la UE, el 46 % de la miel importada a la Unión Europea no cumple con la normativa comunitaria. Las investigaciones confirman la utilización de jarabes de azúcar para adulterar la miel, así como el uso de aditivos y colorantes para enmascarar su origen geográfico y dificultar su trazabilidad. Estas prácticas fraudulentas no solo distorsionan el mercado con precios artificialmente bajos, sino que comprometen la calidad y autenticidad de la miel que llega a los consumidores europeos.

Las cifras de importación hablan por sí solas. En 2024, Europa importó más de 300 millones de kilos de miel, un 6 % más que el año anterior. Entre estos volúmenes destaca el caso de Ucrania, que, bajo el amparo del Acuerdo comercial, exportó 58 millones de kilos, un 30 % más que en 2023, a un precio medio de tan solo 1,75 €/kg. Mientras las importaciones aumentan, las apicultoras y apicultores se enfrentan a graves dificultades para vender su producción, con una parte importante de la miel del año pasado todavía almacenada y sin perspectivas claras de comercialización. 

Esta apuesta por mieles de bajo coste genera grandes dudas sobre su autenticidad. Por ello, resulta imprescindible reforzar los controles analíticos y de trazabilidad de las mieles importadas y mezcladas, especialmente en los puntos de entrada a la Unión Europea.

Además de un etiquetado más preciso, es urgente que la Comisión Europea acelere el desarrollo de métodos de análisis fiables para la detección de la miel adulterada, tal y como se comprometió en la Directiva. También es fundamental establecer normas claras para garantizar y verificar que el polen no se elimine de la miel y que se respete su contenido absoluto y espectro polínicos original, evitando modificaciones que dificulten la identificación de su origen.

El sector productor, apicultoras, apicultores y sus cooperativas, necesitan el apoyo de las administraciones para poner en valor “la miel española”, no solo por su calidad sino, también, por el papel esencial que desempeñan las abejas en la polinización de cultivos y ecosistemas. Este sector, altamente atomizado, carece de los recursos necesarios para llegar al consumidor y concienciarlo sobre la importancia de elegir mieles nacionales y comprender el nuevo etiquetado. Por ello, es imprescindible que las administraciones se involucren activamente y destinen recursos a la promoción y divulgación de nuestras mieles.

Por último, conviene considerar la sensibilidad del sector apícola en las negociaciones comerciales con terceros países. La miel representa un porcentaje insignificante en el cómputo económico global de acuerdos como el MERCOSUR, pero las consecuencias de su incorporación son devastadoras. Por ello, hemos solicitado la exclusión de la miel de MERCOSUR, ya que su incorporación solo agravará la inestabilidad del sector y pondrá en riesgo la sostenibilidad de la apicultura española.

El reconocimiento de la miel como un producto de calidad diferenciada y la implementación de controles eficaces no solo beneficiarán a los productores, sino que garantizarán a los consumidores europeos un producto auténtico y libre de fraudes. La normativa avanza en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para proteger a nuestras apicultoras y apicultores y asegurar un futuro sostenible para la apicultura española.