Matilde García Duarte

Presidenta de LA DISTRIBUCIÓN ANGED

La lucha contra el desperdicio alimentario es un buen ejemplo de cómo la eficiencia en la gestión de las empresas tiene un impacto positivo. En primer lugar, porque es un problema social ante el que debemos aplicar el sentido común que a casi todos nos han enseñado de pequeños: la comida no se tira. En segundo lugar, porque todo uso más eficiente que hagamos de unos recursos escasos, como son los alimentos, contribuye a reducir nuestra huella en el medio ambiente. Por último, generamos unas eficiencias económicas que ayudan a impulsar la productividad de las empresas.

Desde este punto de partida, desde LA DISTRIBUCIÓN valoramos positivamente la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. En primer lugar, porque ha sido el fruto de un diálogo muy fructífero liderado por el Ministerio de Agricultura en el que hemos participado todos los eslabones de la cadena y los grupos parlamentarios. En consecuencia, gracias a esta escucha, el texto recoge buenas prácticas ya impulsadas por las empresas de la distribución y marca unos ambiciosos objetivos de reducción del desperdicio para 2030: del 50% para el ámbito doméstico y de un 20% en los procesos de producción y comercialización.

En los últimos años, el desperdicio en las empresas de la distribución se ha reducido por debajo del 1% gracias a medidas como las innovaciones en la gestión de los stocks; la mejora de los sistemas logísticos y de refrigeración; la evolución de los envases o las acciones de sensibilización a los consumidores. Con esta ley podemos seguir profundizando gracias a algunas novedades que nos parecen relevantes.

El nuevo texto delimita un sistema claro de responsabilidades en materia de seguridad alimentaria, que incentiva y da seguridad jurídica a las donaciones de alimentos, que ya venimos realizando desde hace más de dos décadas en la distribución, gracias a los convenios de colaboración con los bancos de alimentos y organizaciones del tercer sector. En este sentido, se contempla una modificación del régimen fiscal, como la reducción del IVA de las donaciones, que va a facilitar esta labor de las empresas.

También contiene un plan de aplicación de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario debe ser específico de cada sector. Para garantizar la coherencia y eficiencia de los objetivos de la Ley, es deseable que aquellas empresas que operan en toda España puedan elaborar planes a nivel nacional. Fragmentar en 17 mercados autonómicos esta materia solo añadiría costes innecesarios y capas de burocracia a una cuestión en la que participa el conjunto de la sociedad.

Para aquellos casos en los que el desperdicio no se puede evitar, la ley establece una jerarquía de prioridades en la gestión de las pérdidas. Para ello considera las particularidades de cada modelo de negocios y los posibles destinos de esos desperdicios, dando la flexibilidad a las empresas y favoreciendo una justificación, en línea con lo que ya se ha venido trabajando desde la distribución.

La reducción del desperdicio alimentario es una tarea de todos. Es indudable que las empresas juegan un papel fundamental, pero debemos trasladar al resto de la sociedad los beneficios de avanzar juntos en este objetivo. Según datos del Ministerio de Agricultura, el 40% del desperdicio se produce en los hogares. Por tanto, animo a seguir trabajando juntos en la toma de conciencia y en la colaboración.