Adrián Martínez, director de Desarrollo del mercado agroalimentario de Bureau Veritas en España y Portugal, presentó a los medios los retos a los que se enfrentarán las empresas españolas en la aplicación futura de la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos, conocida como Ley FSMA. 

EE UU ocupa el sexto puesto en el ranking de destinos de las exportaciones españolas y en 2015, el valor de estas exportaciones alimentarias al país alcanzó los 1.361 millones de euros. Así, las novedades que trae esta Ley suponen un importante reto para las 2.000 empresas alimentarias españolas aprobadas por la FDA para exportar, además de una gran oportunidad para incrementar su competitividad en el mercado exterior.

“El mercado alimentario está muy salpicado por normativas privadas y generales, pero hay 3 ejes fundamentales sobre los cuales giran los esquemas de certificación actualmente: seguridad alimentaria y trazabilidad, producto y sostenibilidad”, señaló Adrián Martínez, director de Desarrollo del mercado agroalimentario de Bureau Veritas en España y Portugal. “Los dos primeros ejes van más allá en cuanto a normativa y garantías de seguridad puesto que los esquemas de sostenibilidad se centran más en la producción responsable y sostenible”.

Los sistemas de gestión de seguridad alimentaria más conocidos son la ISO 22000 –con alrededor de 900 empresas certificadas en España y 18.000 a nivel mundial– junto a la FSSC (Food Safety System Certification 22000) –227 empresas españolas y 12.480 a escala mundial–. En cuanto a certificación de proceso y producto, la BRC (Global Standard for Food Safety) del Reino Unido –1.439 empresas certificadas en España y 18.618 a nivel mundial– y la IFS (International Food Santdard) que afecta a Alemania, Francia, Italia y España –más de 2.155 empresas nacionales certificadas y 13.000 a nivel mundial– son las más predominantes en el mercado. En España, el MAPAMA trabaja desde 2014 en la Certificación de Trazabilidad y Sanidad Animal para la exportación a países terceros. “En vigor desde enero de 2016, la intención es establecerla en el mercado con el mismo nivel de exigencia que la BRC o la IFS”, indicó Martínez.

“Aproximadamente el 10% de empresas españolas están certificadas por alguna normativa, lo que nos sitúa como uno de los principales países en número de empresas abaladas por normativas oficiales. Si bien es cierto que muchas empresas están doblemente certificadas por BRC e IFS, aquellas que cuentan con la ISO 22000, por norma general, no poseen ninguna otra certificación internacional. La ISO 22000 es una normativa más transversal que afecta a toda la cadena, por lo que muchas compañías la ven como una opción más interesante”, puntualizó Adrián Martínez.

Las compañías que deseen certificarse deberán seguir ciertos pasos. El primero de ellos es preparar a uno de sus trabajadores mediante la formación ‘Preventive Control Rules’. Es decir, la Ley exige la aparición de una nueva figura: el Preventive Controls Qualified Individual (PCQI), que será el responsable de preparar e implementar el Plan de Inocuidad Alimentaria, además de gestionar correctamente los controles preventivos.

"La formación para convertirse en PCQI solo la pueden impartir formadores aprobados por la FDA. Bureau Veritas dispone de estos formadores en varios países incluyendo España. Se trata de un curso de 20 horas repartidas en 3 días elaborado por la FDA pero impartido por entidades externas como nosotros. Desde septiembre del pasado año ya hemos realizado algunos cursos y las empresas que han participado se caracterizan por tener unas bases sólidas por lo que sólo han tenido que implantar algunas novedades”, manifestó Martínez. No todas las empresas alimentarias están obligadas a realizar este curso. Entre otras, quedan exentas las granjas, los minoristas, los productos de pesca, zumos, suplementos dietéticos, bebidas alcohólicas o conservas de baja acidez.

El curso de formación cuenta con tres plazos para su realización, que dependen de la facturación y el número de empleados de la empresa solicitante: empresas pequeñas, septiembre de 2019; medianas, septiembre 2018; grandes, septiembre 2017.

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