^{Aurelio del Pino, presidente de Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)}
 

La colaboración interempresarial en la cadena de valor del envase y el embalaje es fundamental para garantizar productos seguros e innovadores para los hogares, adaptados a las necesidades y los diferentes momentos de consumo, y que eso se realice con la mayor eficiencia económica y ambiental. En muchos casos, nos toca a las empresas de distribución identificar -junto con los centros y plataformas tecnológicas, los productores de los distintos materiales, los fabricantes de envases, los productores agrarios y pesqueros, la industria alimentaria y del gran consumo, los responsables de logística, los gestores de residuos y los sistemas de gestión colectiva- cuáles son las soluciones y respuestas coherentes y eficientes a muchas de las obligaciones normativas que se han establecido sin el respaldo de un conocimiento real y profundo de la realidad empresarial.
 

Existe una tendencia -contrastada- del legislador, tanto nacional como europeo, de hacer recaer el peso del cumplimiento de las obligaciones medioambientales de la cadena alimentaria y del gran consumo sobre las grandes cadenas de distribución. Esta situación se reproduce también en otros ámbitos normativos y parte de la creencia de que nuestra capacidad como agentes tractores de la cadena, lleva a la transformación inmediata aguas arriba del conjunto de los sectores productivos cuyos productos comercializamos. Esta tentación del regulador de ponerle obligaciones a los distribuidores para que nosotros, a su vez, se las trasladaremos a nuestros proveedores parte de una creencia que no siempre está respaldada por la realidad, pero, sobre todo, conlleva una responsabilidad desproporcionada e injustificada y discrimina a nuestro sector de manera flagrante.

 
Es cierto que nuestro sector lleva años trabajando intensamente para la reducción de residuos, la mejora de la circularidad y la reducción de la huella ambiental, con iniciativas y proyectos muy efectivos y relevantes, como la reducción del consumo de bolsas de plástico de un solo uso. También es cierto que somos la referencia para la inmensa mayoría de consumidores en la incorporación de hábitos de consumo más sostenibles -como la venta de productos de proximidad, ecológicos o la reducción del desperdicio alimentario- y la información y concienciación ciudadana. Pero cuando estas iniciativas tienen su origen en las empresas como, por ejemplo, el ecodiseño, se parte previamente de diagnósticos de viabilidad práctica basados en el estado del arte las tecnologías disponibles, en estudios de impacto basados en análisis de ciclo de vida completos de las medidas, para evaluar adecuadamente el coste beneficio, de una colaboración técnica y profesional con los proveedores, de pruebas y test de aceptación por parte del consumidor y, posteriormente, en calendarios paulatinos de implantación a lo largo de la red de tiendas y de la cadena de suministro. 
 
Como no puede ser de otra forma, las grandes empresas cuentan con equipos de profesionales cada vez mayores, encargados de garantizar el estricto cumplimiento de todo tipo de normativas. A través de las asociaciones patronales, como ACES, se trata de colaborar con el legislador para que la regulación sea coherente y adaptada a la realidad empresarial, con planteamientos generalmente consensuados con el resto de operadores económicos afectados. No obstante, la dinámica política no permite incorporar siempre esta necesaria visión práctica y técnica. Esta situación se complejiza cuando en el debate se tratan de conjugar puntos de partida y escenarios muy diversos, como sucede en el caso de la normativa europea.
 

Sin duda, el panorama normativo actual es el más complejo de los últimos años. Tanto la normativa nacional, recogida en el Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, como el reglamento comunitario recientemente aprobado, han introducido obligaciones en materia de reutilización y sistemas de depósito y retorno de envases sin basarse en ningún estudio técnico de impacto, sin haber evaluado los costes de inversión y gestión para las empresas y los ciudadanos, y sin tener en cuenta los criterios de proporcionalidad necesarios en cualquier normativa y discriminando gravemente al sector minorista. Tampoco se han realizado estudios que demuestren que las soluciones propuestas van a conseguir los objetivos medioambientales en materia de recogida y reciclado de envases. 

 
A mayor abundamiento, muchas de las medidas carecen de la necesaria concreción jurídica y previsibilidad para que los operadores puedan planificar las inversiones necesarias y las transformaciones que se tengan que realizar en las tiendas, las cadenas de suministro y las relaciones con los proveedores; ya que dependen de consecución de objetivos generales -que no están en manos de las cadenas de distribución- o de que se concreten aspectos técnicos trascendentales en normas de ejecución y desarrollo. Para ilustrar la situación, baste con señalar que, el próximo 1 de enero, el Real Decreto 1055/2022 exige la inclusión en el surtido de un número de referencias de bebidas en envases reutilizables, sin que ni siquiera la propia Ley de residuos hubiera previsto esta obligación, sin que lo exija la normativa europea, sin que exista una infraestructura de reutilización en el sector industrial, sin que se puedan testar siquiera estos sistemas en las propias tiendas y, por supuesto, sin que se haya realizado ningún estudio económico ni evaluado las implicaciones en materia de seguridad alimentaria, ni se hayan cuantificado los posibles resultados para establecer esta obligación legal.
 
Entendemos que la mejor legislación ambiental es aquella que, a partir de un conocimiento profundo de las realidades empresariales y económicas, surge del diálogo y el compromiso de los sectores económicos afectados y los responsables políticos y administrativos; aquella que combina la seguridad jurídica y las dosis de flexibilidad indispensables para abordar las inversiones necesarias y la adaptación a los cambios tecnológicos; aquella en la que no solo se establecen obligaciones para las empresas, sino también instrumentos jurídicos para implicar a las administraciones y los ciudadanos de manera conjunta en el logro de los objetivos de sostenibilidad. En cualquier caso, el legislador siempre puede reconsiderar y perfeccionar y adaptar las reglas para hacerlas más efectivas y seguras.