^{Cristina Maestre Martín de Almagro}

^Eurodiputada

^{Miembro de las Comisiones de Agricultura y Comercio Internacional}

El 8 de mayo de 2025, la Comisión Europea dio un giro decisivo en la batalla comercial con Estados Unidos. Anunció un paquete de posibles contramedidas valorado en 95.000 millones de euros, en respuesta a los aranceles impuestos por la administración Trump, que afectan ya al 70 % de nuestras exportaciones. Desde el Parlamento Europeo hemos defendido que la negociación debe ser la vía prioritaria, y que la diplomacia no es una opción, sino una obligación: porque las guerras comerciales no tienen ganadores y acaban perjudicando gravemente a nuestras empresas, nuestros productores y nuestras economías. Por eso, este anuncio, aunque todavía en fase de consulta, nos hace temer que la administración Trump no está negociando de buena fe y que podría estar utilizando la tregua de 90 días como una maniobra dilatoria para consolidar su posición.

La Comisión ha puesto sobre la mesa aranceles a productos industriales y agrícolas de EE. UU., y estudia también restringir algunas exportaciones europeas clave —como chatarra de acero y productos químicos— con el objetivo de presionar estratégicamente. Pero no se trata solo de medidas comerciales. La Unión ha anunciado también su intención de llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), abriendo un contencioso por considerar que los aranceles estadounidenses violan las normas del comercio internacional.

La Comisión no solo ha elevado el tono con el anuncio del paquete de contramedidas, sino que ha activado una herramienta de enorme carga política: el recurso al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Este movimiento responde a una visión estratégica: si la UE quiere seguir defendiendo un comercio basado en reglas, debe hacerlo también en el terreno institucional.

El recurso formal ante la OMC, a través de una solicitud de consultas, no es un gesto simbólico. Es una señal de firmeza jurídica y de apuesta por el sistema multilateral, en un momento en que ese sistema está siendo erosionado precisamente por actores que una vez lo lideraron. Al iniciar este procedimiento, la UE no solo busca que se declaren ilegales los aranceles estadounidenses, busca marcar una línea roja frente al unilateralismo.

Este paso tiene, además, un valor preventivo. Sirve para disuadir a otros socios comerciales que pudieran verse tentados de seguir el ejemplo de EE. UU. y aplicar medidas proteccionistas al margen de las normas. Es también una forma de proteger la previsibilidad que exigen nuestras empresas exportadoras.

Si esta amenaza se materializase, el escenario no estaría exento de riesgos. En el hipotético caso de que el panel de la OMC fallase a favor de la UE, se reforzaría el principio de legalidad y se consolidaría la legitimidad europea en la defensa de sus sectores estratégicos. Pero si EE. UU. decidiera ignorar o desacreditar esa resolución —como hizo en el pasado bloqueando el órgano de apelación—, podría alimentar aún más su narrativa soberanista y, eventualmente, justificar un paso más allá: la salida definitiva de la OMC, como ya ocurrió con otros organismos internacionales durante mandatos anteriores.

En ese caso, el coste no sería solo para la UE: lo pagaría el conjunto del sistema comercial internacional, especialmente las economías más abiertas y exportadoras. Por eso, más que un simple litigio, este contencioso es un acto de reafirmación: la UE planta cara desde el derecho, no desde la provocación, y recuerda al mundo que el comercio internacional no puede convertirse en un campo de poder sin reglas.

Pero más allá de la escena geopolítica, hay una realidad concreta y urgente: la de nuestros productores. El sector agroalimentario español se encuentra en el epicentro del riesgo. Productos emblemáticos como el aceite de oliva, el vino o el queso pueden perder competitividad en un mercado clave como el estadounidense, donde el arancel del 20 % anunciado sigue siendo una amenaza latente.

El reciente acuerdo comercial entre el Reino Unido y EE. UU. no hace sino añadir presión. El pacto, anunciado también el 8 de mayo, elimina barreras no arancelarias y facilita la entrada de productos agrícolas norteamericanos en el mercado británico, particularmente carne de vacuno y etanol. Esto no solo intensificará la competencia para los exportadores europeos, sino que podría abrir la puerta a estándares menos exigentes en el Reino Unido, perjudicando indirectamente a nuestros agricultores.

Frente a esta tormenta perfecta, Europa debe actuar con inteligencia estratégica. En la Comisión de Comercio Internacional, de la que formo parte, hemos solicitado que no se utilicen productos agroalimentarios europeos como moneda de cambio en la represalia comercial. Porque el campo no puede permitirse ser la víctima colateral de decisiones tomadas a miles de kilómetros.

Necesitamos una política comercial europea sólida, cohesionada y con visión de futuro. Diversificar mercados, sí —es una necesidad estratégica—, reforzando las relaciones con socios como Mercosur, India o el sudeste asiático. Pero sin caer en la ingenuidad de pensar que podemos prescindir de Estados Unidos: es y seguirá siendo un socio comercial esencial. No se trata de elegir entre firmeza o diálogo, sino de aplicar ambos con inteligencia y responsabilidad. Defender a nuestros agricultores y sectores productivos exige responder a los ataques, pero también preservar canales abiertos de cooperación. Porque en este momento de tensión global, Europa no puede encerrarse ni dejarse arrastrar por la lógica de bloques: debe liderar una política comercial justa, abierta y basada en reglas.