^{Emilio Calvo, director de AL-INVEST Verde / Componente 2}

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo como la gran estrategia comunitaria para luchar contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Desde entonces, se ha puesto en marcha una amplísima batería de iniciativas políticas para alcanzar un objetivo ambicioso: lograr la neutralidad climática en 2050.

Entre esas iniciativas, destaca el Reglamento (UE) 2023/1115, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, que entró en vigor el pasado 29 de junio.

Este reglamento, conocido como EUDR (por sus siglas en inglés), tiene el objetivo de minimizar el riesgo de que productos que hayan incurrido en deforestación durante su proceso productivo entren en el mercado de la UE o salgan de él. Para ello, los operadores europeos deberán demostrar que los productos de siete cadenas de valor -café, cacao, aceite de palma, soja, carne bovina, madera y caucho- y sus derivados están libres de deforestación y cumplen con la legalidad del país de origen.

Desde el programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea, apoyamos activamente a los gobiernos latinoamericanos a enfrentar este gran desafío que representa el EUDR. Prestamos asistencia técnica para desarrollar sistemas o implementar políticas que les permitan contar con las herramientas suficientes para demostrar que los productos que exportan a la UE están libres de deforestación y degradación forestal.

Se estima que el 90 % de la deforestación global se explica por la expansión de la frontera agrícola, contribuyendo así al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la desertificación. El EUDR quiere hacer frente a esta situación mediante la obligatoriedad de demostrar la no deforestación y la legalidad, un requisito que recaerá sobre el importador o comerciante europeo y que se verificará a través de la declaración de diligencia debida.

La diligencia debida será una pieza clave, ya que exigirá incluir información suficiente y verificable sobre la trazabilidad del producto, es decir, la georreferenciación de las parcelas y evidencias de que se no se ha incurrido en deforestación a partir del 31 de diciembre de 2020, fecha de referencia para el EUDR.

La existencia de sistemas de trazabilidad que abarquen toda la cadena y el cumplimiento de la legalidad, tanto desde el punto de vista social como ambiental, ayudan a avanzar de manera más rápida y decidida hacia modelos productivos más sostenibles. Apreciamos una gran diferencia entre las distintas materias primas y los países, pero vemos con esperanza los actuales procesos de colaboración público-privados para responder de manera conjunta a este reto.

Una vez aprobada la reglamentación europea, se cuenta con un periodo transitorio para adaptarse hasta el 30 de diciembre de 2024. En el caso de las micro y pequeñas empresas, este plazo se extiende seis meses más. Confiamos en que, para entonces, lo que ahora es un reto se convierta en una oportunidad de crecimiento más robusto y sostenible, que permita un sistema de producción agroalimentario moderno y, sobre todo, sostenible.