^{Antonio Villarroel López de la Garma}

^{Director General de ANOVE}

La agricultura comenzó hace unos 10.000 años cuando se inició el proceso de domesticación de las plantas, lo que inevitablemente condujo a un proceso de selección y cultivo de variedades más productivas y mejor adaptadas para proveernos de alimentos y materias primas. Este proceso, lento y basado en la observación por los propios agricultores durante miles de años, experimentó un enorme avance a partir del siglo XIX con el descubrimiento de las leyes de Mendel sobre la herencia, lo que transformó la mejora genética en una ciencia. En la segunda mitad del siglo XX, gracias a la conocida como "revolución verde", se produjeron incrementos espectaculares en los rendimientos que permitieron duplicar la producción mundial de alimentos, reduciendo enormemente su coste en los países desarrollados y paliando en gran medida la amenaza de desnutrición en las áreas menos favorecidas.

Sin embargo, en los últimos 100 años la población mundial ha crecido exponencialmente de 1.750 a 7.500 millones de personas, con unas previsiones que apuntan a superar los 9.000 millones para mediados de este siglo. Ello implica una demanda cada vez mayor de materias primas de origen vegetal para alimentos y piensos, así como para usos industriales, lo que nos obligará según cálculos de la FAO a aumentar la productividad de la agricultura en un porcentaje cercano al 70 %. Si consideramos que la gran mayoría de la tierra cultivable en nuestro planeta ya está siendo explotada, y que es imprescindible velar por la sostenibilidad de los recursos naturales, además de preservar la biodiversidad, la gravedad del reto que afrontamos no puede en ningún modo minimizarse.

A ello se añaden unos condicionamientos crecientemente hostiles derivados del cambio climático, que van a afectar seriamente la capacidad de las variedades actualmente utilizadas por los agricultores de mantener su productividad (con una reducción que en algunas especies podría superar el 20 %), y que obliga a un proceso de adaptación urgente que previsiblemente no dejará de acelerarse en los próximos años. Si a ello añadimos un entorno político internacional imprevisible, está claro que asistimos a todas las condiciones para que se produzca una "tormenta perfecta", que podría conducir a una subida generalizada de los precios de los alimentos y materias primas, con unos costes sociales y políticos imprevisibles.

La mejora genética en plantas constituye, sin duda, una de las herramientas fundamentales para conseguir dar solución a estos enormes retos, desarrollando nuevas variedades más productivas y con mejor adaptación a condiciones ambientales hostiles. Con una mayor comprensión de la biología y los genes de las plantas, la ciencia está abriendo a los obtentores nuevas posibilidades y tecnologías que resultan muy prometedoras. Por ejemplo, las nuevas técnicas de edición genética (NGTs) pueden permitir inducir mutaciones dirigidas y específicas en genes concretos, capaces de introducir resistencias a enfermedades y plagas, así como de mejorar el comportamiento en situaciones de sequía prolongada o de mayores temperaturas, o el contenido y perfil nutricional de muchos productos.

Aún más importante teniendo en cuenta el escaso tiempo de que disponemos, estas nuevas tecnologías pueden acelerar significativamente los procesos de mejora, reduciendo a 5-6 años el tiempo necesario para llevar al mercado las nuevas variedades, frente a los 10-15 años necesarios actualmente con procedimientos convencionales basados en el cruce y selección.

Desafortunadamente, y a diferencia de los que está ocurriendo en la gran mayoría de países del mundo, que se han apresurado a acoger estas nuevas herramientas con legislaciones sencillas que facilitan su adopción, la Unión Europea parece empeñada, una vez más, en dificultarlas mediante complejas y costosas barreras regulatorias. La propuesta de reglamento europeo presentada por la Comisión Europea el año pasado proponía una simplificación razonable de todo el proceso de aprobación de las plantas desarrolladas mediante NGTs, especialmente para aquellas indistinguibles de las obtenidas por métodos convencionales (Anexo I).

Sin embargo, y pese a la posterior aprobación in extremis por el Parlamento Europeo la pasada primavera y los valiosos esfuerzos desarrollados por la Presidencia española, hasta la fecha no ha sido posible conseguir la mayoría cualificada en el Consejo de la UE para su aprobación.

Y ello pese a que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) y la práctica totalidad de organismos científicos y universidades han dictaminado reiterada y unánimemente que estas tecnologías no introducen nuevos riesgos para la salud o el medio ambiente, resultando incluso más seguras que los procedimientos tradicionales de obtención.

La consecuencia de esta situación es que, a fecha de hoy, ni los obtentores ni los agricultores y productores europeos pueden contar con estas innovadoras herramientas, ni tienen certeza de cuándo o en qué condiciones podría producirse dicho acceso. Una vez más, decisiones puramente políticas y sin respaldo científico alguno dejan a la agricultura de la Unión Europea en clara desventaja frente a la de otros países.