El objetivo es mejorar la equidad en la cadena de suministro alimentario, y, por tanto, esta iniciativa se une a la de prohibir las prácticas comerciales desleales y a la de mejorar las condiciones de cooperación entre los productores. A partir de ahora se intensificará la recogida de precios de los productos agroalimentarios en diferentes etapas de la cadena de suministro para observar cómo vienen determinados.

Gracias a la mayor transparencia, los agentes podrán tomar decisiones con mayor conocimiento de causa y también comprender mejor la formación de los precios y el desarrollo de tendencias a lo largo de la cadena alimentaria. Además, esto les permitirá tomar mejores decisiones empresariales, gestionar el riesgo y mejorar la confianza.

Para Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, “aumentar la transparencia del mercado requiere aportar más información sobre más productos y con más frecuencia”, de modo que se facilitará un mayor equilibrio a la cadena y se garantizará una toma de decisiones más eficiente. “Estas normas, complementadas por la Directiva que prohíbe prácticas comerciales desleales y por las mejoras introducidas en 2017 en la legislación, reforzarán el papel de los agricultores en la cadena de suministro alimentario, un objetivo clave para la Comisión”, ha concluido Hogan.

Aunque ya se dispone de una cantidad significativa de información relativa a los mercados agrícolas en cuanto a precios de producción y de consumo, o a volúmenes de producción y de comercio, se dispone de poca información sobre los mercados que intervienen entre los agricultores y los consumidores, como la transformación de alimentos o la venta minorista. Este hecho crea una asimetría de información entre los agricultores y otros agentes de la cadena de suministro alimentario y puede colocar a los primeros en una situación de desventaja cuando hacen negocios con los segundos.

Las nuevas medidas acordadas se aplicarán a los sectores de la carne, los productos lácteos, el vino, los cereales, las semillas oleaginosas y las proteaginosas, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva y el azúcar. La recogida de datos se basará en los sistemas ya establecidos, que emplean los agentes y los Estados miembros para notificar información sobre el mercado de la Comisión. Cada Estado miembro será a partir de ahora el responsable de la recogida de datos sobre precios y mercados; los comunicará a la Comisión y esta los hará públicos a través del portal de datos agroalimentarios y los observatorios de los mercados de la UE.

Contra el comercio desleal

La Comisión propuso en abril de 2018 una directiva para crear un marco europeo común que concediese un nivel mínimo de protección a los agricultores contra ciertas prácticas desleales, como pagos atrasados de los productos alimenticios perecederos, cancelaciones de pedidos de última hora, cambios unilaterales y retroactivos a los contratos o las obligaciones del proveedor de pagar los productos desperdiciados. Otras prácticas solo se permitirían en caso de estar sujetas a un previo acuerdo sin ambigüedades entre las partes.

El pasado diciembre, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo para establecer unos requisitos mínimos en el control de estas prácticas comerciales desleales. Las nuevas normas se aplican al comercio minorista, a empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, pero también a simples productores que realicen alguna de las prácticas comerciales desleales detectadas. Estos deberán tener un volumen de negocios de hasta 350 millones de euros.

Contexto

La actual Comisión ha trabajado a favor de una cadena de suministro de alimentos más justa desde el inicio de su mandato en 2014. En 2016, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, creó el Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas, con el objeto de proponer recomendaciones dirigidas a reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

Las recomendaciones presentadas en 2016 se referían a tres aspectos normativos: las prácticas comerciales desleales, las organizaciones de productores y la transparencia del mercado. En 2017, la Comisión puso en marcha una evaluación inicial de impacto y una consulta pública centradas en estos tres elementos.

Según una encuesta de opinión realizada en toda la UE y publicada en febrero de 2018, el 88% de los encuestados considera importante reforzar el papel de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos. En 2017, el 96% de los participantes se habían mostrado de acuerdo con la idea de que mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor debería ser un objetivo de la política agrícola común de la Unión.

Las medidas para la mayor transparencia en los precios serán adoptadas por la Comisión en las próximas semanas y se aplicarán a partir del 1 de enero de 2021.

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