Según el reciente informe, disponible en español en su web, el sistema de la UE para proteger a los consumidores de los peligros químicos en los alimentos está bien fundamentado y es respetado en todo el mundo, pero actualmente se exige demasiado de él. Los auditores sostienen que la Comisión Europea y los Estados miembros no tienen la capacidad de implantar de manera efectiva este sistema en su integridad.

Esta auditoría se concentró en los peligros químicos potenciales presentes en los alimentos, constatando que, si bien el modelo actual de seguridad alimentaria de la UE goza y merece del respeto en todo el mundo, se exige demasiado de él. En otras palabras, es demasiado ambicioso. 

Además, se reconoce que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), que facilita asesoramiento científico para fundamentar las políticas europeas, sufre ciertos retrasos en su trabajo en relación con las sustancias químicas, lo que afecta al correcto funcionamiento de partes del sistema y a la sostenibilidad del modelo en su conjunto.

El sistema actual de la Unión Europea se enfrenta a una serie de dificultades e incoherencias.

Los controles de algunos Estados miembros abarcan determinadas sustancias químicas con mayor frecuencia que otras, y los marcos jurídicos son tan amplios que las autoridades públicas por sí solas tienen dificultades para cumplir todas las responsabilidades que se les asignan. Los controles realizados por los organismos públicos solo pueden abarcar una pequeña proporción de todos los controles llevados a cabo, según los auditores, y la mejor forma de que el modelo de la UE siga siendo creíble es complementando los sistemas de control público con los del sector privado. Sin embargo, las sinergias entre ambos sistemas de control sólo acaban de empezar a explorarse.

El texto acaba con una serie de recomendaciones a la Comisión Europea, la cual toma nota de ellas de cara a su trabajo futuro para proteger la salud de los consumidores.

El Tribunal de Cuentas Europeo presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como parlamentos nacionales, interlocutores del sector y representantes de la sociedad civil. La gran mayoría de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en sus informes son llevadas a la práctica. Este alto nivel de aceptación demuestra los beneficios que el trabajo del Tribunal aporta a los ciudadanos de la UE.

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